El Administrador Nacional de Vialidad, Gustavo Arrieta, consideró que “la situación ha cambiado drástica y dramáticamente desde la semana pasada, puesto que en una primera instancia el presidente electo dijo que se iban a respetar los contratos. Sin embargo, luego manifestó que la obra pública se parará a cero. Inmediatamente las empresas que están trabajando en el día de hoy tendrían que cobrar los certificados por el asfalto que están echando en el mes de enero. La situación de parar la obra pública a cero, inmediatamente desató un montón de telegramas, y notificaciones que en primera instancia notificaron a Vialidad Nacional”.
“Ante la falta de certeza acerca de si van a cobrar y ante la rotura de la ecuación económica financiera, pedían a Vialidad una neutralización de los contratos. Esto trajo aparejados ya los primeros despidos en el sector relacionados con el personal de la UOCRA. El panorama es bastante complejo”.
Además, Arrieta consideró que “lo que propone el nuevo presidente es una iniciativa a la chilena, en el cual todo se ha llevado adelante por la iniciativa público-privada”, explicando que “Chile tiene una organización institucional muy centralizada y bastante unitaria de todo su territorio. Y que el 90% de sus rutas son nacionales. Ahora bien, toda la extensión de la red vial chilena no sobrepasa el 15% del total de la red vial argentina, que tiene alrededor de 44.000 kilómetros de rutas nacionales, alrededor de 42.000 de rutas provinciales, y otro tanto de caminos y rutas municipales identificados. De toda esa inmensa red de alrededor de 120.000 kilómetros, solo hay 4.000 o 5.000 kilómetros que pueden presentar algún tipo de interés para la iniciativa privada, que son los principales accesos a las grandes ciudades, principalmente CABA y las principales conexiones con los puertos”.
